Andalucía tiene una población que se acerca al 20% del conjunto nacional y llega al 32,5 % de paro, 1,3 millones de parados, la cifra más escalofriante entre todas las regiones españolas. Uno de cada tres parados nuevos se produce en Andalucía. El déficit andaluz es del 3,2% del PIB y supone un agujero de más de 4.000 millones de euros. Con este panorama, en una sociedad subvencionada en la que prácticamente una tercera parte de la población vive del dinero público, los andaluces, desde la libre voluntad de su voto, se han encontrado tras las elecciones con un  Gobierno bipartito PSOE-IU cuyo futuro está plagado de incógnitas. No creo que esa coalición gubernamental fuese lo que los electores andaluces buscaban. Gran parte del voto dado a IU era un voto contra el PSOE.

Pero los despropósitos y los desmadres económicos vienen de antes, de un Gobierno de Griñán sin mezcla alguna de IU. Y aquí van evidencias de ello.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73, de 16 de abril de 2012, se publica, dentro de la sección correspondiente a la Consejería de Presidencia, una Resolución de 21 de marzo de 2012 de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hacen públicas una serie interminable de subvenciones, “con indicación de las entidades beneficiarias, el título de los programas, la zona geográfica, en su caso, el importe concedido y las cuantías por anualidades en las que se hará efectiva la subvención”.

La primera observación ha de referirse a la fecha de la Resolución: 21 de marzo de 2012, exactamente cuatro días antes de las elecciones autonómicas andaluzas y cuando todas las encuestas anunciaban una holgada victoria del Partido Popular y, por consiguiente, la salida de los socialistas  de la Junta. Griñán quería dejar una patata caliente a sus sucesores en el Gobierno: unas arcas vacías y unos compromisos adquiridos que incluyen subvenciones nada menos que hasta el año 2014. La lista del generoso Griñán contiene, además, bastantes pagos no satisfechos correspondientes a 2011. No era cosa de dejar al entonces previsible Gobierno del Partido Popular sin estas cargas. El anuncio de la concesión de subvenciones cuatro días antes de las elecciones trataba de movilizar, además, el voto agradecido de las alrededor de ciento ochenta asociaciones y fundaciones beneficiarias.

Esta estrategia de la “tierra quemada” y del “vale todo” me recuerda las subvenciones millonarias del Gobierno de Zapatero, en diversos Ministerios, concedidas precisamente en periodo electoral. Los socialistas en esto como en tantas otras cosas manifiestan escasa imaginación. Siempre hacen lo mismo. En muchos Ayuntamientos que cambiaron de signo político en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 intentaron, y muchas veces consiguieron, dejar a última hora las cajas vacías. Algún intento se frustro, por motivos diversos,  pese a sus planes. Y sólo conozco un caso, por cercanía, en el que una alcaldesa electa del Partido Popular, abogada de profesión, consiguió una oportuna sentencia judicial que impidió al alcalde socialista en funciones gastar cerca de  seis millones de euros en satisfacer a sus amigos y a sus afines. Fue María José Martínez de la Fuente en Aranjuez.

Un detalle chocante en la lista de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía es cierta identificación nacional de las dádivas. En el apartado “país” se consigna “Andalucía” entre los destinatarios, y Andalucía no fue país ni en tiempos del Califato. Al fin y al cabo esa nostalgia histórica del extinto Bin Laden, “Al Andalus”, abarcaba en su conjunto la parte conquistada de la península, y de la “patria andaluza” no se habló hasta que lo hizo el notario Blas Infante que, al dictado sentimental de su andalucismo pasado por la morería, viajó a Marruecos en 1924 y en Agmat visitó la supuesta tumba de Al Motamid, el último rey de Sevilla y gran poeta. Blas Infante fue fusilado en agosto de 1936 en una cuneta sevillana, uno de los execrables crímenes de las retaguardias de la guerra civil. Con la Historia en la mano Andalucía no tiene más de musulmana de lo que puedan tener  Valencia o Toledo, pongo por caso, ya que toda la península, menos parte de Asturias y otras zonas menores, fue ocupada por los sarracenos a los que tanta herencia positiva debemos.

Otro aspecto chocante, pero menos, es que las subvenciones anuales de la larga lista publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía no superan los 300.000 euros. Hay muchas dádivas que se aproximan estrechamente a esa cifra, y no pocas llegan a la sospechosa cantidad de 299.999 euros. Supongo que para ceñirse a una adjudicación directa.

Si se analiza con alguna atención esa lista de subvenciones se producen más sorpresas. De muchas de ellas se benefician asociaciones y fundaciones de las que uno no había oído hablar nunca hasta su presencia en la generosa relación. En alguna de las dádivas ni siquiera se consigna destino concreto. Por ejemplo una “Asociación Madre Coraje” es favorecida con 279.200 euros para algo tan vaporoso como “Mejorando nuestro futuro”.  Supongo que no se refiere a la mejora del futuro de la afortunada Asociación gracias a esos euros, sino al futuro de alguien o de algo.

Entre estas subvenciones se dedican 249.506,64 euros a la “Promoción de la gestión del riesgo ante el cambio climático” (El Salvador);  300.000 euros a la “Creación de una industria cultural del pueblo saharaui”; 2.057.223 euros, en cuatro anualidades, a “Desarrollo territorial integrado en Angaraes” (Perú); 292.717,60 euros a fortalecer la capacidad “Para el ejercicio de la ciudadanía” (Nicaragua), que no logro concretar; 284.729,83 euros para el “Fortalecimiento de la sociedad civil en el distrito de Maguade” (Mozambique), que por mi torpeza no logro concretar tampoco; y nada menos que 1.138.239,47 euros, en tres anualidades, al “Ejercicio de la ciudadanía plena” (El Salvador), que -mi torpeza es cósmica-  tampoco soy capaz de concretar.

Otras curiosidades: el rey mago Griñan, o algún colaborador cercano, debe tener cierta relación con Intibucá, (Honduras), porque dos cuantiosas subvenciones tienen ese destino: 900.000 euros a “Programa de apoyo a la implementación de proyectos agrarios (no figuran los proyectos concretos) en el departamento de Intibucá”, y 614.259,41 euros a “Liderazgo, innovación, desarrollo local y fortalecimiento municipal en Intibucá”. En la columna de “Entidades beneficiarias” aparecen respectivamente la “Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la República de Honduras” y la “Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Exterior de la República de Honduras”. Andalucía se convierte en caritativo cooperante de organismos del Gobierno hondureño. Queda claro que el órgano administrativo de cooperación exterior de la Junta de Andalucía se dedica a dar mientras que el órgano administrativo de cooperación exterior de la República de Honduras se dedica a recibir. 

Cuando se alza tanta polvareda sobre recortes educativos en España, el generoso Griñán destina a proyectos en Educación por esos mundos muchas de sus subvenciones. Así, entre tantas, concede 1.050.000 euros, en tres anualidades,  para “Apoyo educativo al niño y a la niña (qué agobio este desconocimiento del idioma castellano) andinos” (Perú); 1.005.227 euros, en tres anualidades, para “Educar, participar y crecer: contribución al derecho a la educación de calidad y universal en Tánger y Tetuán” (Marruecos); 1.863.288,92 euros, en tres anualidades, al “Fortalecimiento del sistema público de educación” (Marruecos); 300.000 euros para “Mejora de las condiciones socio-educativas del colegio Sidi-Yamani en Tánger” (Marruecos); 296.742,05 euros para “Mejora de la educación formal y no formal en Mweso” (República Democrática del Congo).

Y siguen las generosidades educativas de Griñán:  destina 299.695 euros a “Mejora de las infraestructuras de un complejo escolar en el barrio de Mpasa, Kinshasa” (República Democrática del Congo); 296.870 euros para “Educación de calidad en el barrio de Kitambo, Kinshasa” (República Democrática del Congo); 300.000 euros para “Mejora de las condiciones educativas en Beranda Catio” (Guinea Bissau); 109.897,32 euros para “Apoyo a la mejora educativa en las regiones norte y sur de la Costa Atlántica” (Madagascar); 197.402,70 euros para “Mejora educativa en la comuna de Zinat” (Marruecos); 211.666 euros para “Escuela deportiva para niños y niñas en Khemisset” (otra vez el “igualitarismo” idiomático) (Marruecos).

En una Andalucía con 1,3 millones de parados y necesitada como pocas regiones de España de reactivación económica y de apoyo a los emprendedores, el generoso Griñán concede, entre otras muchas subvenciones en este ámbito, 299.999 euros para “Acceso al empleo de jóvenes en Hebrón” (Territorios Palestinos); 299.999 euros para “Mejora de la formación personal y el autoempleo en el distrito de Bamako” (Malí); 299.977,10 euros para “Creación de empleo en Halhul, Hebrón, Tafuh y Siuj” (Territorios Palestinos); 189.487  euros para “Aumento de los ingresos para productores y productoras (insistencia en el atentado al idioma castellano) en la comuna de Gomitradougou” (Mali); 201.535 euros para “Aumento de la generación de ingresos para mujeres en la comuna de Sanankoroba” (Mali); 283.328 euros para “Mejora de ingresos de actividades animales en Kita” (Mali).

Y más ejemplos de subvenciones al empleo y al desarrollo económico de los demás: 299.980 euros para “Favorecer emprendimientos en los valles Cruceños” (Bolivia); 300.000 euros para “Impulso de iniciativas agro-empresariales y mejorar la productividad y competitividad de productos del cacao en el Corredor Maya” (Honduras); 294.230 euros para “Talleres y programas de capacitación” (Panamá), 299.989,08 euros para “Consolidación de estructuras productivas y económicas en La Habana” (Cuba); 154.503,36 para “Mejora de la capacidad productiva de los champiñones en Chefchauen” (Marruecos); 154.015,90 euros para “Acceso al mercado de familias productoras de café y aguacate” (República Dominicana);  197.301,65 euros para “Fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales en la provincia de Gaza” (Mozambique); 685.853,60 euros, en tres anualidades, para “Desarrollo empresarial local” (El Salvador); 246.125 euros para “Mejora de las condiciones de vida de 160 jóvenes creando oportunidades de empleo” (República Democrática del Congo); 231.824,73 euros para “Creación de un centro juvenil de capacitación en Ouagadougou” (Burkina Faso). Andalucía es líder en paro juvenil en España y en Europa, con más de un 59% de sus menores de 25 años en paro, y Griñán gasta dinero de todos en apoyar el empleo joven en lejanos países algunos de los cuales personas medianamente ilustradas no sabrían ubicar en el mapa.

La lista de países beneficiados por las subvenciones de Griñán es amplia. Ahí va, y  entre paréntesis anoto las dádivas recibidas del generoso Griñán en cada caso: Bolivia (2.714.000 euros), Burkina Faso (1.280.000), Cuba (474.000), Ecuador (1.732.000), El Salvador (3.711.000), Guatemala (242.000), Guinea Bissau (896.000), Honduras (2.168.700), Mali (1.202.000), Marruecos (6.587.000), Mauritania (1.129.000), Mozambique (2.861.000), Nicaragua (2.719.000), Panamá (294.000), Paraguay (769.000), Perú (8.599.000),  República Democrática del Congo (1.880.000), República Dominicana (1.862.000), Territorios Saharauis (900.000), Senegal (643.000), Territorios Palestinos (1.514.000), Togo (111.000). El total de las subvenciones exteriores asciende a 44.288.200 euros salvo error u omisión, como se anotaba y no sé si se anota todavía, en los asientos contables.

En el mismo número 73 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 16 de abril de este año, y por la misma Resolución de la Consejería de Presidencia de 21 de marzo de 2012, se publican también las subvenciones destinadas a ese nuevo “país”: Andalucía. De su lectura se extraen no pocas sorpresas.

Resulta extraña la subvención de 80.000 euros en la que figura como “entidad beneficiaria” la “Asamblea de Cooperación por la Paz”, cuyo objeto es: “Promoción del rol de la sociedad andaluza en la construcción de la paz en Oriente Medio”. Nada menos. Igual de extraña es una subvención de 59.787 euros concedida a la asociación o fundación “CESAL” (no se aclara su condición) cuyo objeto es NOPOKI (¿?). Otra rareza: se otorgan 78.828,51 euros a “Movimiento por la paz, el desarme y la libertad” que se destinan a otro objeto incógnito: “Red ciudadana por la paz”. Y siguen los sobresaltos: una subvención de 64.000 euros se otorga a la “Fundación economistas sin fronteras” para otro objeto difuso: “Univeresitari@s (así de cursi) por una economía más justa”. Y a la “Fundación Entreculturas” se le conceden 299.243,52 euros para elaborar una “Propuesta desde Andalucía para el ejercicio de una ciudadanía global”. Toma ya.

Pero probablemente la subvención más enternecedora es la que Griñán, el generoso, destina a la fundación o asociación “PRODIVERSA” con una cuantía de 77.496,88 euros y cuyo objeto es: “Sin excusas: ¡El Mundo debe ser mejor!”; ¡Pues claro! Aunque no confío que tan tremendo asunto se arregle con una subvención. Se anota junto a la cantidad y los objetivos que se trata de la “4ª fase”. Ya lo pensaba yo: en las tres fases anteriores el mundo no se arregló y estos beneficiarios crean que a la cuarta lo conseguirán.

Una entidad llamada ASECOP recibe 79.906,52 euros para “Fortalecimiento de la solidaridad con el pueblo palestino”, y no saliéndonos de la solidaridad, a la “Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo” se le destinan 58.007,50 euros para el programa “Comunica tus derechos”. En la misma línea solidaria  a “Solidaridad en acción” se le conceden 77.301 euros para una palpitante cuestión: “Interpretando la Educación para la Ciudadanía en el ámbito de la Educación formal”, mientras a una asociación o fundación rotulada “Mujeres en zona de conflicto” se le otorgan 353.202 euros para cumplir el “Programa de promoción de cultura de paz andaluza desde el enfoque de género”. Me he quedado de piedra porque hasta ahora conocía la “pax romana” pero no la “paz andaluza”, aunque no debe sorprendernos demasiado porque Griñán destina 375.773 euros a un enorme reto: “Andalucía desde lo local hacia la ciudadanía global”.

No acabo de entender qué hara la Fundación Albihar para ganarse los 80.000 euros que recibe para el objetivo “Conflictos por recursos”, y no me atrevo a hacer cábalas al respecto. “Solidaridad en acción” mete en su bolsa una nueva subvención (no son pocas las asociaciones y fundacions que acumulan dádivas), en esta ocasión de 316.471 euros para  realizar una “Campaña de sensibilizaión social e incidencia sobre el eje Derechos Humanos”. Otras dos subvenciones abultadas: “Intermon” recibe 344.403 euros, en tres anualidades, para crear una “red de docentes andaluces para una educación global”, y la “Asociación Madre coraje” (una vez más beneficiada) recibe 300.008 euros, en tres anualidades, para el programa “Profesorado desarrollando procesos para incluir la Educación para el desarrollo en la educación formal”.

El total de las subvenciones concedidas al “país” andaluz asciende a 5.825.005 euros que sumados a los 44.288.200 euros de las subvenciones repartidas por esos mundos, suponen la bonita cifra de 50.113.205 euros, que es el destrozo al dinero público que hizo Griñán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado día 21 de marzo.

El viejo-nuevo Presidente de la Junta ha anunciado que no cumplirá la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Menudo ejemplo. Y Rajoy, que es como un capuchino, y, aún más, como un capuchino chino, lo digo por la paciencia, aguantando el chaparrón y sin que nadie recuerde, ni él mismo, que el desmadre de las Comunidades Autónomas tiene mucho que ver con la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por el sonriente Zapatero que entonces tenía en la despensa muchas reservas de la herencia recibida de Aznar.

Así gasta Griñán el dinero de todos. Que los curiosos busquen en Internet el número 73 del  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrán la información completa. Se explicarán muchas cosas del pesebrismo y de la sociedad subvencionada. Y Valderas, el comunista endomingado, si le agrada y le conviene, que calle y otorgue.

La Comisión de Estudio sobre Competenicas Duplicadas entre Ayuntamientos y la Comundiad de Madrid aprobó hoy, tras 10 meses de trabajos, el Dictamen que, tras pasar por el Pleno de la Asamblea, debe servir de guía para que el Gobierno regional contribuya a mejorar la eficiencia de la administración y elimine las duplicidades existentes en la actualidad.

El Dictamen, aprobado por mayoría absoluta, señala un conjunto de 14 conclusiones en las que, en primer lugar, se hace constar que no tiene ningún sentido que distintas administraciones públicas compitan en la prestación de un mismo servicio. Con el objeto de caminar hacia la consecución del principio de “una Administración, una competencia, una financicación”, el documento plantea le necesidad de instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a modificar la Ley 2/2003 de Administración Local, en el sentido de que el Ejecutivo regional delimite las competencias del Ejecutivo así como de los 179 municipios de la región.

Como señala el Dictamen, el reparto claro de competencias produciría no solo un significativo ahorro presupuestario, sino también consolidar unas administraciones públicas austeras, bien dimensionadas, eficientes y transparentes.

Según señala el documento aprobado hoy, para desarrollar sus competencias las administraciones deberán contar con una financiación “suficiente, estable, flexible y no finalista”, intensificándose los principios de responsabilidad y rendición de cuentas de las Administraciones públicas.

Asimismo, sin perjuicio de la reforma que emprenda el Gobierno de la Comunidad de la Ley de Administración Local, el Dictamen señala una primera aproximación a la posible delimitación competencial entre Gobierno regional y municipios.

Así, se plantea que sean de competencia exclusiva de los municipios la ateción social primaria, las bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casa de niños y escuelas de música.

Por su parte, sería de competencia exclusiva autonómica la atención social especializada: residencias y centros de día especializados, prevención, promoción de la salud y asistencia sanitaria, transporte de enfermos, drogodependencias, teléfonos de emergencias, centros oficiales de educación de adultos, políticas activas de empleo y vivienda.

Fusión voluntaria de ayuntamientos

También, el Dictamen se muestra favorable a que la Comunidad de Madrid apoye todas aquellas colaboraciones entre municipios que permitan mejorar su eficiencia. Como recuerda el documento, algunos estudios cifran en 20.000 habitantes la población mínima de un municipio para una eficiente prestación de servicios públicos.

Por ello, el Dictamen se muestra favorable a que la Comunidad de Madrid impulse y coordine, siempre desde el respeto al principio de la autonomía local, la fusión o agregación voluntaria de municipios con el objetivo de crear entidades locales más grandes y, sobre todo, más eficientes. Dichas fusiones garantizarán el mantenimiento de la identidad cultural e histórica de los ayuntamientos.

También se impulsará, siempre de forma voluntaria, la creación de mancomunidades, que serán otras de las herramientas para garantizar una prestación eficaz de servicios. Así ocurrirá también con otras fórmulas de cooperación municipal, como los consorcios y convenios.

Búsqueda de consenso

Tanto en los 10 meses en los que se ha desarrollado la Comisión, como en el propío dictamen final, el Grupo Parlamentario Popular siempre ha buscado el consenso político con el resto de grupos. “En principio todos estábamos de acuerdo en eliminar duplicidades, pero ahora se constata que algunos grupos no están a favor de pactar con el PP absolutamente nada y eso es un grave problema que tenemos, pero sobre todo, es un problema que tienen ellos”, afirmó el portavoz popular, Iñigo Henríquez de Luna.

“Nosotros no hemos tenido inconveniente en modificar nuestras posiciones para elaborar un texto con el que se pudieran sentir cómodos todos los grupos”, recordó Henríquez de Luna, que tildó de “fraude” la actitud de PSOE e IU. “Hemos hecho un trabajo intenso que ha dado lugar a un dictamen con conclusiones muy concretas y cuando ha llegado la hora de la verdad, IU y PSM no se han pronunciado sobre cada una de las 14 conclusiones y eso es un fraude a la Asamblea de Madrid y a todos los ciudadanos, que esperan que sobre los temas importantes expresemos nuestra opinión: a favor, en contra o abstención”, dijo.

En este sentido, el portavoz popular destacó que, además del PP, sólo UPyD quiso votar las conclusiones del dictamen antes de ser aprobado. “UPyD ha votado a favor de alguno de los puntos y ha votado en contra de otros. Esa es una posición mucho más honesta que la de no votar, como ha decidido PSOE e IU”, afirmó.

Aprobación en el Pleno de la Asamblea

Tras su aprobación hoy en la Comisión, el Dictamen se tratará en el Pleno de la Asamblea, tras lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciará los trámites para modificar la Ley de Administración Local, redactando el correspondiente Anteproyecto de Ley. Este será remitido para su consulta por la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias, integrada por 24 miembros de composición paritaria en representación de la propia Comunidad de Madrid y de las entidades locales.

A continuación, el anteproyecto de Ley pasará por el Consejo de Gobierno, que tras aprobarlo, lo remitirá como Proyecto de Ley a la Asamblea, donde será debatido y votado en el Pleno.

Lucía Figar ha asegurado que en la situación que se encuentra España no se necesitan huelgas de ningún tipo, en referencia a la general en educación convocada para el próximo 22 de mayo. ”Sinceramente no me parece que lo que necesita España sean huelgas, creo que a quien va a perjudicar al final es a las familias y a los alumnos de la escuela pública”. En su opinión, las medidas que se están tomando para racionalizar los gastos en educación son necesarios para poder seguir manteniendo los tramos obligatorios gratuitos para los ciudadanos. “No es justo que las familias de los buenos estudiantes tengan que pagar las matrículas de los malos estudiantes”, ha señalado.

En referencia a la situación del empleo y la economía, Lucía Figar ha destacado que aunque Madrid lleva 25 trimestres consecutivos de crecimiento económico como región y que laboralmente está mejor que el resto de España, se tienen que seguir haciendo esfuerzos por atraer inversión y facilitar la implantación de empresas que son las que realmente crean puestos de trabajo. Además ha adelantado que en Madrid en 2013 todos los puentes ya se adelantarían a lunes, de manera que no duren más de tres días.

Por otro lado, ha señalado que se debe mejorar la cualificación de las personas que no tienen titulación para que tengan mayor facilidad en su acceso al mundo laboral. Lucía Figar ha recordado que en el ámbito educativo en Madrid ya se están haciendo esfuerzos para dotar de mejor formación como son el refuerzo de la enseñanza de idiomas con las escuelas e institutos bilingües y las escuelas de adultos.

10/05/2012. Artículo publicado en el diario ABC.

Si existe un elemento diferenciador entre un Estado democrático y un Estado totalitario, no cabe duda de que quizás el más significativo es la posibilidad de ejercer el Derecho de Reunión para expresar colectivamente posturas de apoyo o de repulsa mediante manifestaciones o concentraciones. No se trata, sin embargo, de un derecho ilimitado, y la dificultad de su ejercicio radica en hacerlo compatible con los derechos de los demás ciudadanos.

En España, el Derecho de Reunión está recogido en la Constitución dentro del Título I dedicado a los «derechos y deberes fundamentales». Y hay que subrayar ambos conceptos: derechos y deberes, porque en más de una ocasión el segundo de los vocablos es objeto de olvido cuando de lo que se trata es de manifestaciones y concentraciones que tienen por escenario ese espacio compartido por todos los ciudadanos que es la vía pública, y que en determinados momentos debe ser objeto de ocupación exclusiva de manera temporal para facilitar el ejercicio del Derecho de Reunión. Hacer compatibles los derechos y los deberes constitucionales, alcanzando un adecuado equilibrio entre ambos, constituye un objetivo prioritario de la Delegación del Gobierno en Madrid. Un objetivo que se trata de lograr desde la mesura, el diálogo y el cumplimiento de la legalidad.

No es, sin embargo, un criterio fácilmente comprensible para todos y, en especial, para quienes quieren manifestarse incumpliendo requisitos esenciales, como la comunicación previa o la necesidad de que el ejercicio de este derecho sea pacífico. Y tampoco para el movimiento 15-M, que parece querer desvirtuar los elementos básicos del Derecho de Reunión, pretendiendo ocupar de forma prolongada relevantes espacios públicos de la ciudad a modo de campamento urbano, y causando con ello graves daños al sector comercial y turístico, y a la vida cotidiana del resto de los ciudadanos.

Sobre esta base, tales colectivos cuestionan las decisiones que se toman desde la Delegación del Gobierno, en aplicación tanto de los preceptos constitucionales, como de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. Decisiones directamente derivadas del ordenamiento jurídico, y que se basan en tres criterios vertebradores.
En primer lugar, la consideración de que el Derecho de Reunión, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene límites establecidos en la propia Constitución.
En segundo lugar, y como consecuencia de este criterio, la necesidad de comunicación previa de la manifestación o concentración, con el objetivo prioritario de minimizar la incidencia de estos actos en la vida de una gran ciudad como Madrid.

En tercer lugar, hay que destacar que, cumplidos los requisitos legales, la Administración Pública se configura como garante de este derecho, y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la de velar para que su ejercicio se lleve a cabo libre de cortapisas o coacciones de ningún tipo.

Sobre la base de estos criterios, la Delegación del Gobierno mantiene, como no podía ser de otro modo, una postura abiertamente favorable a la celebración de cuantas manifestaciones y concentraciones deseen celebrarse cumpliendo la legalidad, con una postura permanentemente abierta al diálogo como elemento esencial del sistema democrático en el que vivimos.

En todos los casos, el propósito a la hora de valorar las resoluciones que hay que adoptar por parte de la Administración en cada una de esas manifestaciones y concentraciones, ha sido el mismo: que no se sobrepasen las líneas rojas configuradas por las reglas del juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y evitar que el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales por parte de unos ciudadanos, entre en colisión con los derechos que disfrutan los demás.

Planteamientos y normas que son aplicables a todos los ciudadanos, y que no admiten excepciones para ningún colectivo y para ninguna reivindicación, como pretende el movimiento 15-M, toda vez que ello supondría una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley, también merecedores de protección constitucional.

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Ignacio González compareció en la Asamblea para explicar el proceso de capitalización del Canal de Isabel II y de este modo hacer frente a las inversiones necesarias para garantizar la calidad del agua del abastecimiento a los ciudadanos que son obligadas para cumplir la normativa europea.

Dicha normativa, tanto de calidad como medioambiental, exige una protección de todas las aguas y un nuevo tratamiento de las mismas,  en el agua depurada y en las reutilizables. Para ello es necesario invertir en unas nuevas infraestructuras que necesitan un elevado nivel de inversión, más de 2.300 millones €.

Se ha optado por acudir a una capitalización privada mediante la venta de acciones para obtener dicha financiación, ya que los otros caminos, que serían elevar el endeudamiento o incrementar la tarifas, “consideramos que no son las mejores vías ya que es repercutir el coste en los ciudadanos”, ha dicho Ignacio González.

Este modelo de gestión mixta, ya se ejecuta en otras ciudades y regiones, tanto españolas como europeas, con un alto nivel de éxito y calidad de servicio para los ciudadanos.

Esperanza Aguirre ha pedido la colaboración del resto de formaciones políticas que componen la Asamblea de Madrid para estudiar en qué partidas del presupuesto de la Comunidad se puede ajustar más con el fin de mantener los gastos esenciales de Sanidad y Educación.

“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Comunidad presentará a esta Asamblea en las próximas semanas un anteproyecto de Ley de modificación del Presupuesto de 2012 para que con toda transparencia publicidad y máxima participación de todos ustedes veamos en qué partidas podemos ajustar gastos”. Con estas palabras lo ha anunciado Esperanza Aguirre asegurando que quiere obtener la colaboración de todos los grupos para alcanzar el objetivo de déficit del 1,5%.

Esta propuesta se enmarca en la línea que viene siguiendo el Partido Popular de Madrid de reducir todos los gastos superfluos. Desde 2008 ha supuesto un ahorro de 2.200 millones que se han destinado a la prestación de los servicios esenciales con la mayor eficiencia posible y a mantener a Madrid como punta de lanza del crecimiento económico, del bienestar, de la prosperidad y sobre todo de la creación de empleo.

Ignacio González ha asegurado que las medidas que tome el Gobierno en relación al sistema financiero español serán las “pertinentes para aportar confianza” y solvencia y solucionar los problemas que arrastra de falta de credibilidad ante los mercados.

“Si se hubiera acometido a tiempo una privatización de las cajas esta situación se podría haber evitado”, ha dicho Ignacio González en referencia a la falta de acción por parte del anterior gobierno y de los órganos competentes para la supervisión de nuestro sistema financiero, como el Banco de España.  ”Nadie habla de la responsabilidad en su caso, aunque sea vigilando, del Gobernador del Banco de España porque todas las entidades están sometidas a la inspección del Banco de España todos los años y no le he oído hablar de la necesidad de intervenir ninguna caja”, ha afirmado.

En referencia al aniversario de las movilizaciones del 15M ha solicitado que se garantice que ”no se va a permitir ninguna instalación ilegal, de manera permanente ni transitoria” y que la manifestación se desarrolle de manera “pacífica” y que los convocantes se retiren “también pacíficamente respetando el derecho de los demás”, ha manifestado Ignacio González.